La batalla legal de los seropositivos

Denuncian que hay oposiciones a las que no pueden optar y que en algunas empresas realizan análisis del VIH.
06.02.09 - ANE URDANGARIN | SAN SEBASTIÁN.DIARIO VASCO.com
DV. Una mujer con VIH a la que se niega un tratamiento de reproducción asistida, un hombre seropositivo al que le rechazan en la última fase de un proceso de selección de personal, enfermos de sida que se sienten humillados cuando acuden a ser tratados a un hospital... Estos casos son reales y continúan sucediendo en España, denunciaron ayer en el II Encuentro Fipse sobre Investigación Social en VIH/Sida que se celebra en San Sebastián. Pero, afortunadamente, hay otras situaciones ya superadas. Josefina Alventosa, profesora de Derecho de la Universidad de Valencia y presidenta de Jurisida, habló de una primera fase en la que los afectados han venido reclamando que la legislación ordinaria (penal, laboral o sanitaria) recoja los derechos fundamentales contemplados en la Constitución. Una batalla contra la vulneración de los derechos de las personas con VIH, con una latente discriminación y estigmatización «por parte de sectores de la sociedad».
Ahora, explicó Alventosa, se puede hablar de otra etapa en la que hay que solventar los vacíos legales de situaciones concretas que han ido surgiendo con el paso del tiempo. Pasa, por ejemplo, con la reproducción asistida. Las leyes sobre esta cuestión señalan como uno de los requisitos que la mujer esté sana. Y que el hombre no puede donar material reproductivo infectado. Pero el desarrollo de la Medicina ha permitido que con tratamientos como el lavado de semen nazcan bebés sanos. «Sin embargo, en alguno hospitales han tenido miedo a realizar estos tratamientos e interpretan la normativa al pie de la letra sin tener en cuenta la evolución científica del proceso. Hace falta una normativa concreta para estos casos», reclamó la jurista.
Otro caballo de batalla actual se refiere a la protección de datos. Especialmente cuando son tan sensibles y se refieren a la salud. El problema, comentaron, consiste en que hay que realizar una declaración obligatoria, que es nominal, de las personas infectadas. Estos datos se centralizan en un registro para analizar la evolución del número de afectados, la epidemiología... «El colectivo no está de acuerdo en que haya que dar nombre y apellidos y ya hay una sentencia de la Audiencia Nacional en ese sentido. Estamos pactando cómo se pueden registrar los datos sin que sean nominales», apostilló la jurista.
Despidos solapados
A pesar de estos casos concretos, estos enfermos siguen en ocasiones viendo vulnerados derechos básicos en distintos ámbitos, «especialmente en el laboral y el sanitario». El colectivo sufre «despidos solapados por tener la enfermedad, o hay decretos en vigor en las que se niega el derecho a opositar a personas con VIH/sida», denunció Joaquim Roqueta, secretario de Cesida, la coordinara estatal que engloba a 55 organizaciones y representa a más de 80 entidades.
El ámbito laboral es muy sibilino, alertaron. «No te lo preguntan directamente, lo hacen de una manera solapada. Hay empresas en las que en el proceso final de selección de personal te hacen una analítica. Y no se sabe lo que analizan. Pero tenemos sospechas -señaló Roqueta-. A algunas personas les han rechazado justo al final, después del análisis, cuando casi les habían asegurado que el puesto era suyo».
Alventosa aseguró que es ilegal que las empresas realicen la prueba del sida sin el consentimiento expreso del trabajador en los análisis rutinarios. «El artículo 18 de la Constitución recoge el derecho a la integridad física, que impide toda ingerencia en el cuerpo humano sin consentimiento del sujeto. Y la Ley de Autonomía del Paciente señala que para cualquier tratamiento se necesita cosentimiento informado del paciente».
La jurista recordó el caso de un hombrr que era homosexual y, por esa razón, en una multinacional pensaron que podría ser seropositivo. Le instaron a que se hiciera la pruebas, se negó y le ofrecieron el despido. «Eso es ilegal».